La Presidencia de Venezuela oficializó el Reglamento de la Ley para la Atención Integral a las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), mediante su publicación en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 7.089 con fecha del 2 de noviembre de 2026. El instrumento legal establece obligaciones directas y de estricto cumplimiento para instituciones educativas, empresas aseguradoras, organismos de alimentación y cuerpos de seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.
A continuación, detallamos las disposiciones fundamentales que entran en vigencia y transforman la atención de esta población en el país:
Educación: fin a las trabas de ingreso y evaluaciones adaptadas
El artículo 10 del reglamento ordena a todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, garantizar el ingreso, la permanencia y la prosecución de estudios de los alumnos con TEA en todos los niveles. Como medida inmediata para aliviar la carga económica y burocrática de las familias, queda expresamente prohibido exigir un informe de diagnóstico anual como requisito para la inscripción o continuidad académica.
La normativa estipula que las evaluaciones diagnósticas únicamente podrán solicitarse en seis etapas específicas del desarrollo:
- De 0 a 3 años.
- A los 6 años.
- A los 8 años.
- A los 12 años.
- A los 21 años.
- A los 26 años de edad.
En cuanto al rendimiento académico, el artículo 11 establece que los planteles deben adaptar sus metodologías de enseñanza a las potencialidades y ritmos de aprendizaje individuales de cada estudiante, priorizando su nivel real de aprendizaje por encima de su edad cronológica. Para respaldar este proceso, el artículo 12 instruye al Ministerio de Educación a implementar programas de capacitación continua para docentes, personal administrativo y obrero en áreas de comunicación alternativa, sensibilización y abordaje conductual.
Seguros: prohibición de recargos y exclusiones de pólizas
En el ámbito financiero y de salud, el artículo 9 obliga a las empresas de seguros, reaseguros y cajas de ahorro a admitir y asegurar a las personas con TEA bajo condiciones de igualdad y no discriminación.
La norma declara ilegal el cobro de recargos arbitrarios, la imposición de plazos de espera injustificados o la exclusión de coberturas médicas motivadas exclusivamente por la condición del asegurado. Con esta medida, las aseguradoras ya no podrán rechazar siniestros o tratamientos alegando vínculos con el diagnóstico de autismo.
Alimentación: precios preferenciales para dietas especializadas
El artículo 18 asigna al Ministerio de Alimentación y al Instituto Nacional de Nutrición (INN) la tarea de crear un programa nacional destinado a identificar las necesidades nutricionales y alergias frecuentes en personas dentro del espectro autista, incluyendo talleres de orientación para sus familiares.
Adicionalmente, el texto legal compromete al Estado a suscribir convenios que garanticen el acceso a precios preferenciales para alimentos y bebidas especializadas —tales como productos libres de gluten o caseína—, atendiendo así los elevados costos y la escasa disponibilidad de estos rubros en el mercado local.
Cuerpos de seguridad: protocolos ante crisis sensoriales
Finalmente, el reglamento introduce cambios operativos para los funcionarios públicos. El artículo 23 obliga a los cuerpos de policía, bomberos y Protección Civil a ejecutar planes de formación permanente sobre el manejo adecuado de crisis sensoriales o conductuales en personas con TEA.
Asimismo, el artículo 24 prohíbe a los agentes aplicar técnicas de contención física que desconozcan la condición de la persona o vulneren su integridad, limitando cualquier intervención física únicamente a escenarios donde exista un riesgo inminente para la vida del ciudadano o de terceros.
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