Los devastadores terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al norte de Venezuela el pasado 24 de junio de 2026 han dejado en evidencia una realidad indiscutible para la ingeniería civil y las autoridades locales. El desastre, considerado el evento sismológico más violento en la región en más de un siglo, no solo abrió un debate sobre la fuerza de la naturaleza, sino sobre el cumplimiento real de los códigos de construcción y la vulnerabilidad acumulada en nuestras ciudades.
Mientras las icónicas torres de Parque Central en Caracas y los desarrollos construidos inmediatamente después del terremoto de 1967 volvieron a demostrar su capacidad para absorber y disipar las ondas telúricas, en otras regiones el panorama ha sido apocalíptico. El colapso masivo de edificaciones ha puesto bajo la lupa la efectividad y fiscalización de los controles estructurales en el territorio nacional.
La tragedia de las construcciones en La Guaira
Durante más de dos décadas se consideró que el estado La Guaira contaba con ventajas estructurales únicas debido a que casi la totalidad de su inventario inmobiliario residencial y comercial se ejecutó tras la vaguada de diciembre de 1999. Se asumía que la reconstrucción del litoral central había obligado a la implementación de técnicas modernas y materiales de alta resistencia, garantizando un margen de seguridad superior.
Sin embargo, la ferocidad del doble sismo dejó al descubierto que las normas sismorresistentes simplemente no se aplicaron o fueron eludidas en gran parte de las obras civiles. Decenas de edificios multifamiliares e infraestructuras nuevas colapsaron o sufrieron fallas aplastantes de manera casi instantánea, convirtiendo a La Guaira en una de las zonas de mayor desastre del país. Las investigaciones preliminares de firmas internacionales apuntan a factores críticos:
Incumplimiento de las normativas de ingeniería: Edificaciones erigidas bajo la premisa de la modernidad pero que omitieron los coeficientes de aceleración sísmica obligatorios para zonas costeras.
Abuso de sistemas estructurales rígidos: El uso masivo de sistemas de muros tipo túnel (concreto armado excesivamente rígido), que carecen de la ductilidad y de los pórticos necesarios para balancear sacudidas combinadas en un lapso de apenas 39 segundos.
Suelos inestables y falta de cimentación profunda: Construcciones levantadas sobre terrenos de playa o rellenos sueltos que sufrieron procesos de licuación de suelos, perdiendo por completo la base de sustentación durante las vibraciones sísmicas.
Por qué Caracas resiste en sus grandes colosos
Un escenario diametralmente opuesto se vivió en el valle de Caracas con sus infraestructuras de gran envergadura. Las estructuras diseñadas y edificadas bajo el amparo de la escuela de ingeniería civil post-1967 volvieron a dar una lección de resiliencia. El terremoto que azotó a la capital en julio de ese año cambió para siempre las metodologías de cálculo en Venezuela, forzando a los ingenieros a proyectar edificios capaces de deformarse y asimilar la energía de la tierra sin llegar a la fractura.
Las torres de Parque Central, construidas en la década de los setenta, se mantienen erguidas y operacionales. Este complejo corporativo y residencial se diseñó calculando detalladamente las aceleraciones específicas del terreno formal caraqueño. La solidez de estos colosos ratifica que la ingeniería venezolana sí poseía el conocimiento y las herramientas necesarias para evitar catástrofes, abriendo una profunda brecha de contraste frente a las omisiones normativas vistas en los desarrollos más recientes de la costa.
Edificaciones vulnerables y decretos de inhabitabilidad ignorados
Otro de los puntos críticos señalados por los expertos en gestión de riesgos tras los sismos de 2026 es el mantenimiento deficiente y el desacato a las advertencias institucionales en el parque residencial más antiguo de la capital. Varias de las estructuras residenciales de mediana altura que presentaron colapsos parciales o desprendimientos de fachadas enteras compartían un historial de alertas previas:
Advertencias de inhabitabilidad previas: Múltiples inmuebles afectados ya contaban con informes técnicos y decretos que los declaraban no aptos para el uso humano debido a daños estructurales preexistentes, asentamientos o grietas severas en sus columnas. La falta de desalojo oportuno o de planes de reforzamiento multiplicó el número de víctimas.
La trampa del «piso blando»: Modificaciones comerciales informales e ilegales realizadas en las plantas bajas de bloques multifamiliares de las décadas de 1950 y 1960. Al remover paredes divisorias y debilitar columnas para abrir locales o estacionamientos sin asesoría técnica, se privó a los edificios de la rigidez lateral necesaria para afrontar un terremoto.
Covenin 1756-1:2019: Un marco legal robusto sin aplicación real
En el papel, Venezuela cuenta con un marco legal técnico avanzado y de primer nivel: la norma Covenin 1756-1:2019. Esta regulación actualizó los parámetros de análisis sismorresistente del año 2001, incorporando mapas de zonificación más estrictos, tipologías de suelo detalladas y requerimientos de materiales certificados.
Sin embargo, el consenso de los especialistas en ingeniería sísmica es rotundo: el problema nacional nunca ha sido la redacción de las leyes técnicas, sino la falta de fiscalización severa y la corrupción en los procesos de inspección de obras públicas y privadas. Los terremotos de junio de 2026 demostraron que una norma archivada no salva vidas; la seguridad estructural solo se garantiza cuando los códigos de construcción se trasladan fielmente al terreno, el concreto y el acero de cada obra que se levanta en el país.
Por:
Otilca Radio
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