Simón Bolívar confiscó bienes pertenecientes al Erario Real

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El Libertador promulgó el Decreto sobre Secuestro y Confiscación de Bienes de los españoles y sus partidarios, en Guayana el 3 de septiembre de 1817 «para favorecer a la República con los bienes, muebles e inmuebles pertenecientes al gobierno español, a sus súbditos de origen europeo o a los americanos realistas», al igual que proclama el embargo de las propiedades despojadas por los españoles a los patriotas.

El texto legal refería que «todos los bienes y propiedades, muebles e inmuebles de cualquier especie, y los créditos, acciones y derechos correspondientes a las personas de uno y otro sexo que han seguido al enemigo al evacuar este país o tomado parte activa en su servicio, quedan secuestradas y confiscadas a favor del Estado».

Asimismo, establecía que todas las haciendas y propiedades -de cualquier especie- pertenecientes a los Padres Capuchinos y demás misioneros que habían hecho voto de pobreza, quedaban confiscados a favor de la República.

Todas las propiedades secuestradas o confiscadas por el gobierno español a los patriotas fueron posteriormente administradas por el Estado. Incluso el Decreto fijaba un plazo para decidir sobre el destino de dichas posesiones: «Hasta que se presenten sus antiguos dueños o sus herederos, se decidirá si por la conducta posterior de los mismos los bienes no han desmerecido la protección del gobierno».

A pesar de que el texto legal esbozaba un criterio justo de indemnización y/o defensa en cuanto a los bienes de origen privado o de necesidad pública, también disponía de estos recursos para recompensar a los «servidores de la Patria» que, de acuerdo con este decreto, el reparto se haría según los grados de cada uno, desde 25.000 pesos a los generales hasta 500 pesos a los soldados.

Al firmar el decreto, Bolívar proclamó: «Esta Ley, la más justa y útil, es el testimonio más auténtico de los principios rectos y benéficos del Gobierno Supremo de Venezuela. Es el premio, es la recompensa de los que han derramado su sangre por romper las cadenas que esclavizan la Patria y es la que asegura a los servidores, después de tantos servicios, una subsistencia para ellos y sus familiares. Ya, pues, no habrá mendigos en Venezuela: todos serán propietarios», aunque la realidad de la posguerra fue otra y el país caería en la más devastadora de las bancarrotas.

Fuente: Luis Alberto Perozo Padua / El Impulso

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